El comentario de la querida Carmen Aristegui

Tomado del Reforma Privatizar

Carmen Aristegui F.
25 Abr. 08

¿Por qué el gobierno mexicano no dice, con todas sus letras, lo que se desprende con toda claridad de su iniciativa de reforma petrolera? ¿Por qué se intenta convencer a los mexicanos de que no se trata de una privatización? ¿Tan desprestigiada está la palabra que se pretende hacer creer que se trata de otra cosa? Pues sí, las experiencias privatizadoras en México y en América Latina de los últimos años han arrojado tales resultados y estuvieron tan marcadas por la corrupción que utilizar la palabra resulta imposible para sus promotores. Más aún si se trata de un tema fundamental y emblemático como el petróleo y, por supuesto, porque lo planteado en la reforma va en sentido contrario a la letra de la Constitución. La lectura a la iniciativa de reforma a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 permite ver -sin mayor complicación- que lo que hay ahí es lo que niega el gobierno "...los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transportación, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos... PEMEX podrá contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo... las personas que pretendan realizar las actividades o prestar los servicios (anteriores) podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos". Eso es privatizar. Punto. ¿Por qué el gobierno evita la palabra? No sólo porque la polarización heredada del 2006, y reeditada ahora, hace casi imposible un debate técnico-ideológico que permita contrastar virtudes y defectos de la participación privada nacional y extranjera en la industria del petróleo. No hay cauces a la vista en los que se puedan exponer los argumentos de quienes creen que debe ser estrictamente en el ámbito público en donde se desarrolle la industria, que se contrasten con los de quienes piensan que entre menos presencia del Estado, mejor para la economía. Ese debate no se puede dar en abstracto si no viene acompañado de una revisión profunda de los efectos causados por las privatizaciones de los últimos años. Discutir conceptualmente sobre el liberalismo político y económico es una cosa, pero discutir sobre el liberalismo aplicado en sistemas disfuncionales, como ocurrió aquí, es enteramente otra. Se puede alegar que hubo mejoría en la prestación de algunos servicios y que se amplió el espectro para la distribución y comercialización de muchos bienes. Que se dinamizaron las economías con el libre comercio, desregulaciones y nuevos parámetros de competencia. Sin embargo, los efectos dañinos que trajeron consigo los procesos de apertura en países que no tenían resuelto todo el andamiaje legal, institucional y de transparencia han sido de tal magnitud que hoy no hay quien salga y diga, con todas sus letras: sí, privaticemos. Aunque, en los hechos, intenten hacerlo hoy con el petróleo. ¿Quién es el guapo que puede prometer que si se abre el petróleo no ocurrirá lo que nos ha ocurrido ya con bancos, telefonía o televisión? Los datos sobre las malformaciones, producto de aquellas privatizaciones, están a la vista. Hace algunos sábados, un grupo de intelectuales, académicos y políticos de México y Estados Unidos, convocados por el ITAM y la Universidad de Berkeley, oían divertidos el cometario que hacía un estadounidense que acababa de escuchar la brillante disertación del doctor Sergio Aguayo sobre las privatizaciones en México. El hombre después de oír, asombrado, la exposición, bromeó diciendo: "Me queda claro que lo que quiero en la vida es ser banquero en México". Acababa de escuchar que en los años de Fox, las utilidades netas de los bancos crecieron en un 316 por ciento. Las de Banamex-Citibank crecieron 3 mil 362 por ciento y las ganancias de BBVA en México representaron el 29 por ciento de sus utilidades en el mundo durante 2007, mientras que Banamex aportó 50 por ciento de las de Citibank. El miércoles, Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda y actual presidente de Telefónica, puso el dedo en la llaga sobre Telmex, de Carlos Slim. No sólo sorprendió al citar al ex presidente Salinas, artífice y presunto beneficiario de esa privatización, quien habría dicho en Harvard: "No se puede privatizar un monopolio público para transformarlo en un monopolio privado, como es el caso de las telecomunicaciones. Me refiero concretamente a Telmex". Para Ripley. Gil Díaz fue más allá: "Se ha gestado un caso impecable de lo que los economistas califican como una captura regulatoria; se trata de una máquina gigantesca de capturar efectivo por diversos gobiernos. Una que obtiene flujos de miles de millones de dólares anuales a la que se le permite depredar a sus clientes, sean estos consumidores u otras empresas y le permite extender sus brazos y dominar otras áreas de actividad económica". No queda claro si Gil estaba sugiriendo que al hombre más rico del mundo le interesa, también, el giro petrolero. Por lo pronto, no se ven por ningún lado los mecanismos que garantizarían que la renta petrolera no quede en manos de unos cuantos. ¿La reforma tiene resuelta una buena redistribución social de los beneficios petroleros a partir de la apertura? ¿O Pemex sería otro Telmex, como rezan los cartoncitos de los manifestantes?

Exacto ella lo dice bien, el problema es que privatizar quizá no sea malo en sistemas funcionales.. pero en México... NO.. ya que no es para nada funcional...

Por fin algo congruente del Ingeniero Cárdenas!!!!!

Da gusto que el inge, da una muestra de congruencia y enriquece de manera notable el verdadero debate sobre este tema...
(Lo tome de la Jornada)

Una iniciativa entreguista

Texto de Cuauhtémoc Cárdenas sobre la propuesta de reforma a Pemex.

La Jornada On Line
Publicado: 11/04/2008 22:13

“Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas… [del] petróleo y de todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos…

“Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos… no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos”.

Artículo 27 constitucional.

De las iniciativas enviadas por el titular del Ejecutivo al Senado de la República el pasado 8 de abril, relacionadas con la industria petrolera y con Petróleos Mexicanos, que en otra ocasión habrá que comentar en conjunto, la que de llevarse a la práctica significaría un cambio profundo en la situación y condición de la industria petrolera y, sobre todo, una grave pérdida en el presente y en el futuro para la nación, es la correspondiente a la Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, que plantea la apertura a la inversión privada de funciones esenciales de la industria hasta ahora reservadas en exclusiva a la acción del Estado mexicano.

Después de la Expropiación, la primera Ley reglamentaria del 27 fue expedida en noviembre de 1940. En ella se precisaba que la industria petrolera comprendía “el descubrimiento, la captación, la conducción por oleoducto y la refinación del petróleo”. El desarrollo de la industria fue modernizando esta conceptualización, pero palabra más o palabra menos, en las reformas a esta ley de entonces a la fecha, siempre se consideró que la industria petrolera, manejada de manera exclusiva por el Estado, abarcaba esas mismas actividades. Así, el texto de la ley vigente, cuya última reforma tuvo lugar en noviembre del 2006, define en su artículo 3° a la industria petrolera como: “I. La exploración, la explotación, la refinación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano del petróleo y los productos que se obtengan de su refinación; II. La exploración, explotación, la elaboración y las ventas de primera mano del gas, así como el transporte y el almacenamiento indispensables y necesarios para interconectar su explotación y elaboración…; III. La elaboración, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano de aquellos derivados del petróleo y del gas que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas y que constituyen petroquímicos básicos”.

La iniciativa de reformas y adiciones a esta ley excluye de la definición de industria petrolera “el transporte y el almacenamiento [del gas] indispensables y necesarios para interconectar su explotación y elaboración”, así como excluye también la distribución y ventas de primera mano “de aquellos derivados del petróleo y del gas que sean susceptibles de servir como materias primas industriales básicas y que constituyen petroquímicos básicos”, establece, por otra parte, en la propuesta de nuevo artículo 4° que “Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos.

“Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios –continúa- podrán contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo…”, y en un párrafo siguiente consigna que las personas “que pretendan realizar o prestar los servicios a que se refieren los dos párrafos anteriores, podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos”. De aprobarse estos textos, estaría dándose en los hechos la entrega a la inversión privada de áreas estratégicas de la industria petrolera, que dejarían de manejarse en función de un interés público para pasar a manejarse de acuerdo a intereses privados, extranjeros o nacionales. La experiencia de las privatizaciones vivida en los últimos sexenios, deja ver que así sucedería también en la industria del petróleo.

Pemex cuenta con las capacidades de todo orden para construir nuevas refinerías, para modernizar y expandir las redes de ductos y la capacidad de almacenamiento de productos y llevar a cabo su adecuada distribución, y no hace falta que nadie lo substituya en esas funciones, sólo debe permitírsele que lo haga, otorgándole autonomía presupuestal y dándole el tratamiento que se da a cualquier entidad productiva.

La apertura de áreas estratégicas propuesta por el Ejecutivo representaría la desintegración de las cadenas productivas de la industria, ya de por si erosionadas ante la falta de inversión, el desplazamiento de Petróleos Mexicanos de esas actividades y su substitución en ellas por intereses privados, que usufructuarían los mercados correspondientes, y dejar casi como únicos campos de actividad pública la exploración y la extracción, y a ésta como fuente de ingresos casi única también para la industria petrolera nacionalizada.

Pero tanto o más grave que la afectación del interés público, de aprobarse la iniciativa del Ejecutivo respecto a esta ley reglamentaria que pondría en manos de intereses privados la refinación, el transporte por ductos, el almacenamiento y la distribución de hidrocarburos, sería la flagrante violación que se haría a la Constitución. Hacerlo, como plantea la iniciativa, a través de contratos de maquila o de permisos, sería remachar la violación, pues no por llamar maquila a una concesión o por recurrir al subterfugio de cambiar la palabra concesión por la de permiso, que en este caso resultan equivalentes, dejaría de producirse un serio atropello a la norma constitucional.

Dejar pasar esta reforma sería hacerse cómplice de un atraco a la Constitución. Los legisladores no pueden traicionar la palabra empeñada de cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley.

Se requiere una nueva política petrolera, si, pero de una política que deje de estrangular fiscalmente a Petróleos Mexicanos, que fortalezca sus capacidades de inversión, dejándole al menos, en una primera etapa, la disposición total del llamado excedente petrolero que genera, que devuelva a la industria del petróleo su carácter de motor principal del crecimiento económico y de la industrialización, que prolongue la vida de nuestras reservas disminuyendo de manera gradual, hasta eliminar, las exportaciones de crudo y transformando éste en refinados y petroquímicos en el país, que recupere los mercados nacionales de combustibles mediante la substitución de importaciones, que eleve al máximo la renta petrolera a través de la mayor integración de la industria y la prolongación de sus cadenas productivas, todo lo cual no podrá lograrse doblegándose ante las presiones entreguistas y cediendo al interés privado las áreas de la industria petrolera reservadas hasta hoy en exclusiva al Estado mexicano.

Pos ya empezó el chou de la reforma energética

Muchas cosas se pueden decir de la reforma y todo lo que está pasando, pero lo que es un hecho es que el futuro del país se decide si aprueba o no esa reforma, personalmente considero que dicha reforma aunque no privatizadora- no venden ni un tornillo- si lanza a PEMEX a la jauría de perros que son las petroleras privadas.

En ninguna parte de dicha propuesta se impulsa por ejemplo la investigación mexicana con respecto al petroleo, no se habla de combatir la corrupción, y si dar refinación y transporte de los hidrocarburos a terceros (se cuidan de escribir iniciativa privada). Porque considero que es mala, por varias razones, se diluyen las ganacias de PEMEX, no se incentiva la investigación ya que se espera que las petroleras extranjeras nos iluminen con su sapiencia y su know how.

Da tristeza por otro lado la posición del FAP, ya que, independientemente de lo haga, si se une al "dialogo" es legitimar su aprobación, si no -como lo está haciendo- son unos retrogradas.. etc...

Al final creo que se aprobará ese bodrio de propuesta que lo único que busca es garantizar las políticas energéticas... extranjeras.

Acerca del Petroleo

Siempre se nos ha dicho que PEMEX es de los mexicanos, personalmente a mi nunca me han dado un cinco de lo gana PEMEX eso lo tengo claro, pero también tengo claro que el 40% por ciento de lo que recauda el gobierno federal viene de PEMEX.

También se nos ha dicho que el petroleo se nos está acabando, y eso es algo que sabemos puesto que dicho recurso es claramente finito, pero independiente de ese hecho, también se sabe que hay grandes yacimientos en el norte de Veracruz en la zona de Chicontepec, y en el sur de dicho estado en el Golfo de México en frente de Coatzacoalcos, - los cuales no han sido explotados aún - es muy raro que las empresas extranjeras como Repsol, o Halliburton esten muy interesados en invertir en algo que se está acabando, lo que contradice la tesis gubernamental que todo mundo nos ha dicho.

Ahora veamos, se nos dice que PEMEX no tiene dinero para invertir, bien, entonces tiene que entrar capital privado para que dicha industria sea competitiva, hasta ahí la lógica suena muy coherente, pero el problema empieza cuando vemos que las empresas privadas que entren estarán dispuestas a pagar los impuestos que paga PEMEX, me temo que no, más aún PEMEX no podría hacer las mismas contribuciones al gobierno federal porque parte de las ganacias se irian a las nuevas empresas privadas que estarían participando, así que siendo realistas y sin ser dogmaticos al menos al gobierno federal y por ende al Estado no le conviene que eso ocurra.

Por otro lado sabemos perfectamente que PEMEX es un nido de corrupción BRUTAL, el sindicato petrolero lo sangra con millones pesos y los contratistas igual, ¿no sería mejor enfrentar ese problema, antes de pensar en la iniciativa privada?, no hablo de quitar todas las canonjías a los trabajadores, están en un negocio lucrativo, deben ganar bien, pero evitar en lo posible la corrupción, esa sería una manera mejor de que la paraestatal tuviera suficientes recursos para mantenimiento y exploración, no se cuanto pero sería un monto importante..

Aunque al final la idea del grupo que ostenta el poder en el gobierno federal lo que pretende es hacer negocio o regalar los recursos de México.

Por eso hay que evitar en la medida de lo posible la entrada del capital privado en PEMEX no pod ideología solo por sentido común.. que en estos días anda escaso....