Carmen Aristegui F.
De lo que estaban hechos
Ayer se hizo historia. Terminó uno de los procesos de la vida pública mexicana más estimulantes y vigorosos de los últimos años. La Suprema Corte de Justicia resolvió la acción de inconstitucionalidad que presentó una minoría de senadores de la pasada legislatura -representados por Javier Corral y Manuel Bartlett- inconformes por la aprobación y promulgación de la Ley Federal de Radio y Televisión y la de Telecomunicaciones. El grupo de ex senadores, abogados y especialistas que intervinieron en la confección de esta acción, más los que contribuyeron bajo la figura de "Amigos de la Corte", realizaron un trabajo jurídico y político de tal alcance que contribuyeron a que lo ocurrido se vea no sólo como una victoria jurídica, sino fundamentalmente como una victoria moral. En no pocos círculos políticos, intelectuales y ciudadanos se respira un aire de euforia por el significado y alcance de esta sentencia. Los ministros sabían lo que se jugaba. No era un recurso cualquiera. Involucraba como nunca a los poderes formales y fácticos del país. Lo que ahí se decidiera iba a ahondar o aliviar un profundo sentimiento de agravio y atropello que se produjo en una parte de la sociedad que tuvo alcance al debate y discusión de este tema. No era únicamente resolver la correspondencia de la ley impugnada con la Carta Magna, era enmendar la plana a otro poder que -entrampado en un modelo de competencia política claramente inoperante- se permitió abandonar el interés general para no poner en riesgo el cargo por venir. Lo que ha ocurrido pone en evidencia cuán dañino puede ser un diseño de competencia electoral que además de prodigar cantidades escalofriantes de dinero público, convierte a candidatos y aspirantes en sujetos vulnerables. Ése debe ser hoy, después de lo ocurrido, el asunto de más urgente resolución. Una reforma electoral que resuelva de otra manera la necesidad de acceder a los medios de comunicación en tiempos electorales es un imperativo. Necesitamos partidos y candidatos en completa libertad de competencia, cuyos referentes únicos sean los del interés general. Necesitamos que las condiciones de competencia les garanticen acceso a los medios de una forma transparente y equitativa, eliminando todas las distorsiones que el actual modelo produce. Lo que los ministros hicieron es una sacudida para los legisladores de entonces y para los actuales, especialmente los que pasaron de una Cámara a otra y que hoy se encuentran en situación de corregirse a sí mismos. Lo que los ministros hicieron ha inyectado un ánimo esperanzador sobre los caminos institucionales como eje de una vida democrática. No es poca cosa. No en un país como el nuestro que ha visto tambalearse la credibilidad y el funcionamiento de su entramado institucional por todo tipo de abusos y claudicaciones. Los ministros se fajaron. No les temblaron las rodillas. Sufrieron algunas agresiones en la pantalla, aunque el extremo llegó con los promoventes Corral y Bartlett, que fueron objeto de inescrupulosas campañas que, lejos de representar un ejercicio crítico del periodismo, significaron vendetta e intimidación; los ministros, que aunque parecen de otro mundo, seguro también ven la televisión. Talvez ahí se inspiro aquello del ministro ponente: "no saben de lo que estamos hechos".
La controversia ha sido no sólo por el contenido -ahora declarado inconstitucional en lo sustantivo por la Corte- sino también por las condiciones en que fue aprobada y promulgada la ley. El tema ha estado ahí en voz de los críticos, pero no es sino hasta ahora que se escuchó a Santiago Creel decir con todas sus letras la palabra imposición. Se empiezan a contar detalles como los que narró César Raúl Ojeda sobre la experiencia en el PRD con los operadores de la ley. Talvez esta nueva circunstancia que produce la Corte -tanto por la sentencia como por el tipo de debate que dio y los ánimos que despertó en muchos- invite a algunos que cruzaron el trance a contar en público lo que reconocen en privado. Como sea, todo está por venir. Lo que hizo la Corte extirpa partes sustantivas de la legislación vigente. Quedan lagunas jurídicas que tendrán que resolver el Presidente y los legisladores. Vendrá una nueva batalla que volverá a involucrar a todos los poderes. Se debe aprender la lección. Las elecciones del 2009 están ahí. Antes que volver a legislar sobre medios y telecomunicaciones, lo urgente es una reforma electoral. Aquella que garantice a partidos y candidatos acceso a medios de comunicación libres de condicionantes. No nos puede pasar lo mismo. Varios plantean la prohibición de compra de espacios en medios como una solución radical. Con esto se evitaría el sometimiento de candidatos y legisladores en tiempos de campaña, se detendría el gasto inmenso de dinero público y de paso se evitarían situaciones como la del escándalo no resuelto que arrojó el monitoreo de IBOPE sobre los spots del 2006 que deja todo tipo de interrogantes en el ambiente. Puede ser ésa u otra la reforma necesaria, pero tiene que ser ya. La oportunidad es de oro. Los ministros pusieron la medida.
La pregunta es..... los legisladores harán lo que deben hacer o privilegiaran al duopolio.
