El último clavo al ataud...

El desgraciado borracho del pelele ya (des)gobierna; ese es un hecho desde el 1º de diciembre del 2006. Arrebato la elección, fue un fraude, lo sigo sosteniendo y ahora más, el simple hecho de que no hubieran aceptado el voto x voto era sinónimo de que sabían que no habían ganado, ahora salen con esto publicado en el universal:

Por seis votos a favor contra cinco en contra se determinó la medida

Carlos Avilés Allende
El Universal
Ciudad de México
Martes 11 de marzo de 2008

14:06 La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) canceló la posibilidad de que los paquetes de la elección presidencial del 2006 se puedan reabrir antes de que el Instituto Federal Electoral (IFE) ordene que se incineren las boletas.

La mayoría de ministros de la Corte desechó, en la sesión de este día, el juicio de amparo que promovió la revista Proceso para que se le permitiera acceder a las boletas de la elección con base en el derecho constitucional que garantiza el acceso a la información pública en poder del gobierno.

A propuesta del ministro Sergio Aguirre Anguiano, y con el voto decisivo del presidente de la Corte, Guillermo Ortiz Mayagoitia, el Pleno de la Corte decidió que ni siquiera era necesario analizar la solicitud de la revista, porque el juicio de amparo no procede en contra de cuestiones de tipo electoral.

La medida se adoptó con el voto en contra de los ministros Genaro Góngora, Juan Silva, Olga Sánchez, José Ramón Cossío y Sergio Valls, quienes consideraron que no se trataba de un asunto de tipo electoral sino de un caso en el que resultaba indispensable analizar y garantizar el acceso al derecho de información protegido por la Constitución.

Los cinco ministros que perdieron la votación argumentaron que la petición formulada por la revista era procedente porque solicitó que se le permitiera el acceso a las boletas después de que culminó el proceso electoral, es decir cuando ya no se afectaba en nada el resultado de la elección presidencial.

Después de la sentencia que emitió la Corte, al IFE sólo le resta esperar el resultado de otro juicio, que se promovió en el mismo sentido y que se encuentra en una instancia inferior, para poder incinerar las boletas de la elección presidencial.

Se trata de un juicio que promovió el académico Sergio Aguayo en el mismo sentido que el de la revista Proceso, para tener acceso a las boletas electorales.

En teoría la decisión que adoptó la Corte no obliga al tribunal colegiado en materia administrativa, de menor rango, que revisa el caso de Aguayo a emitir una decisión similar, pero en la práctica todos los tribunales siguen la línea trazada por la SCJN.

Así pues, con base en el artículo 73, fracción VII, que dice "El juicio de amparo es improcedente: Contra las resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral", se declaró improcedente el amparo.

Quizá exista el resquicio legaloide por el cual la corte justifica dicho fallo, pero es un hecho, los ciudadanos no tenemos derecho a saber que paso ese nefasto 2 de julio, lo que refuerza mi teoría hubo fraude, y no quieren ser exhibidos....

Otra vez la impunidad

El año pasado lo hicieron... que si habia habido violación al proceso electoral pero nada más tantito, ahora esto:

Da Corte revés a Lydia Cacho; Marín libra juicio

Determina la SCJN que el gobernador de Puebla no podrá ser investigado por las conversaciones telefónicas donde se evidenciaban asuntos de pederastia y abuso infantil, ya que éstas no tienen valor probatorio

Notimex
El Universal
Ciudad de México
Jueves 29 de noviembre de 2007

14:05 El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó que no se demostró la existencia de violación grave de derechos humanos de la periodista Lydia Cacho, en términos del Artículo 97 constitucional.

Por mayoría los ministros se pronunciaron a favor de que en caso de la existencia de violaciones a garantías, otras instancias judiciales pueden dar seguimiento a los actos.

En ese sentido la SCJN se abstuvo de señalar como culpables de esas violaciones graves al gobernador de Puebla, Mario Marín, y a otras autoridades de esa entidad y de Quintana Roo.

En el tercer día de discusión de ese tema el ministro presidente del máximo tribunal de justicia del país, Guillermo Ortiz Mayagoitia, puso a consideración del pleno siete puntos divididos en dos grupos.

El primero referente a la validez de las pruebas y grabaciones telefónicas y el segundo a la posible violación grave de las garantías de la periodista en términos del Artículo 97 constitucional y una mayoría determinó que no está probada esa violación grave.

Este país... la verdad empieza a dar asco...

Mas que de acuerdo con Carmen Aristegui

Carmen Aristegui F.
De lo que estaban hechos
Ayer se hizo historia. Terminó uno de los procesos de la vida pública mexicana más estimulantes y vigorosos de los últimos años. La Suprema Corte de Justicia resolvió la acción de inconstitucionalidad que presentó una minoría de senadores de la pasada legislatura -representados por Javier Corral y Manuel Bartlett- inconformes por la aprobación y promulgación de la Ley Federal de Radio y Televisión y la de Telecomunicaciones. El grupo de ex senadores, abogados y especialistas que intervinieron en la confección de esta acción, más los que contribuyeron bajo la figura de "Amigos de la Corte", realizaron un trabajo jurídico y político de tal alcance que contribuyeron a que lo ocurrido se vea no sólo como una victoria jurídica, sino fundamentalmente como una victoria moral. En no pocos círculos políticos, intelectuales y ciudadanos se respira un aire de euforia por el significado y alcance de esta sentencia. Los ministros sabían lo que se jugaba. No era un recurso cualquiera. Involucraba como nunca a los poderes formales y fácticos del país. Lo que ahí se decidiera iba a ahondar o aliviar un profundo sentimiento de agravio y atropello que se produjo en una parte de la sociedad que tuvo alcance al debate y discusión de este tema. No era únicamente resolver la correspondencia de la ley impugnada con la Carta Magna, era enmendar la plana a otro poder que -entrampado en un modelo de competencia política claramente inoperante- se permitió abandonar el interés general para no poner en riesgo el cargo por venir. Lo que ha ocurrido pone en evidencia cuán dañino puede ser un diseño de competencia electoral que además de prodigar cantidades escalofriantes de dinero público, convierte a candidatos y aspirantes en sujetos vulnerables. Ése debe ser hoy, después de lo ocurrido, el asunto de más urgente resolución. Una reforma electoral que resuelva de otra manera la necesidad de acceder a los medios de comunicación en tiempos electorales es un imperativo. Necesitamos partidos y candidatos en completa libertad de competencia, cuyos referentes únicos sean los del interés general. Necesitamos que las condiciones de competencia les garanticen acceso a los medios de una forma transparente y equitativa, eliminando todas las distorsiones que el actual modelo produce. Lo que los ministros hicieron es una sacudida para los legisladores de entonces y para los actuales, especialmente los que pasaron de una Cámara a otra y que hoy se encuentran en situación de corregirse a sí mismos. Lo que los ministros hicieron ha inyectado un ánimo esperanzador sobre los caminos institucionales como eje de una vida democrática. No es poca cosa. No en un país como el nuestro que ha visto tambalearse la credibilidad y el funcionamiento de su entramado institucional por todo tipo de abusos y claudicaciones. Los ministros se fajaron. No les temblaron las rodillas. Sufrieron algunas agresiones en la pantalla, aunque el extremo llegó con los promoventes Corral y Bartlett, que fueron objeto de inescrupulosas campañas que, lejos de representar un ejercicio crítico del periodismo, significaron vendetta e intimidación; los ministros, que aunque parecen de otro mundo, seguro también ven la televisión. Talvez ahí se inspiro aquello del ministro ponente: "no saben de lo que estamos hechos".

La controversia ha sido no sólo por el contenido -ahora declarado inconstitucional en lo sustantivo por la Corte- sino también por las condiciones en que fue aprobada y promulgada la ley. El tema ha estado ahí en voz de los críticos, pero no es sino hasta ahora que se escuchó a Santiago Creel decir con todas sus letras la palabra imposición. Se empiezan a contar detalles como los que narró César Raúl Ojeda sobre la experiencia en el PRD con los operadores de la ley. Talvez esta nueva circunstancia que produce la Corte -tanto por la sentencia como por el tipo de debate que dio y los ánimos que despertó en muchos- invite a algunos que cruzaron el trance a contar en público lo que reconocen en privado. Como sea, todo está por venir. Lo que hizo la Corte extirpa partes sustantivas de la legislación vigente. Quedan lagunas jurídicas que tendrán que resolver el Presidente y los legisladores. Vendrá una nueva batalla que volverá a involucrar a todos los poderes. Se debe aprender la lección. Las elecciones del 2009 están ahí. Antes que volver a legislar sobre medios y telecomunicaciones, lo urgente es una reforma electoral. Aquella que garantice a partidos y candidatos acceso a medios de comunicación libres de condicionantes. No nos puede pasar lo mismo. Varios plantean la prohibición de compra de espacios en medios como una solución radical. Con esto se evitaría el sometimiento de candidatos y legisladores en tiempos de campaña, se detendría el gasto inmenso de dinero público y de paso se evitarían situaciones como la del escándalo no resuelto que arrojó el monitoreo de IBOPE sobre los spots del 2006 que deja todo tipo de interrogantes en el ambiente. Puede ser ésa u otra la reforma necesaria, pero tiene que ser ya. La oportunidad es de oro. Los ministros pusieron la medida.

La pregunta es..... los legisladores harán lo que deben hacer o privilegiaran al duopolio.

Porque es importante que la Ley Televisa haya sido considerad

Entre la semana pasada y esta, la SCJN se ha resuelto acerca de la famosa Ley de Radio y Televisión (ley televisa) votada y promulgada por el poder legislativo -los diputados por unanimidad y por la mayoría de los senadores- el año pasado en pleno proceso electoral -donde hubo fraude por cierto-, donde le otorgan un poder aún mayor a los dueños de las televisoras y de las radios comerciales.

La SCJN declaró la invalidez de los artículo 28 y 28-A de la Ley de Federal Radio y Televisión, que permitían a los concesionarios brindar servicios adicionales de telecomunicaciones, sin participar en licitación y sin obligación de pago al Estado y quedaron eliminados el refrendo automático y sin requisito alguno de las concesiones, así como el plazo fijo de 20 años para las concesiones.

Un fallo histórico porque enmienda la sumisión de los otros 2 poderes legales, legislativo y ejecutivo, a un poder real, el poder de los medios, los cuales buscaban perpetuarse con las concesiones que son poder del Estado.

Y lo hicieron en el momento oportuno cuando la contienda electoral estaba en su momento más ríspido y donde todos los partidos fueron al menos pusilánimes ante la posibilidad de hacer enojar al gran poder de los medios.

Ahora lo que les queda a los legisladores es crear una ley que impulse la libertad de expresión PERO que la rectoría del Estado sobre el espectro radioeléctrico este bien cimentada, para evitar eventos tipos Chavez vs. RCTV o madruguetes tipo ley televisa.

El siguiente paso también será blindar al sistema político de tentaciones con respecto a los medios y más específicamente reglamentar la manera en que los medios trasmiten los spots de las campañas, quizá siendo comprados por el mismo IFE, o quizá hasta prohibiendo propaganda electoral en televisión, así la posibilidad de que entes como el consejo consultivo empresarial no metan la mano en algo que no deben.

El falló en cuestión es una chispa de luz en este momentos de oscuridad asquerosamente conservadora.

BIEN POR LA CORTE!!!

Tendrán que pagar de nuevo si quieren tener más tiempo su concesión

Anula Corte procedimiento de Congreso sobre ley de medios

Invalidan ministros la renovación automática de concesiones de radio y tv, lo que constituía uno de los puntos más importantes que fueron impugnados en el juicio que promovieron 47 senadores de la anterior legislatura

Carlos Avilés
El Universal
Ciudad de México
Jueves 31 de mayo de 2007

15:11 La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló el procedimiento que estableció el Congreso de la Unión para que los actuales concesionarios de radio y televisión pudieran refrendar sus concesiones sin que tuvieran que participar en un nuevo proceso de licitación y sin que le pagaran al Estado por permitirles seguir operando el espectro radioeléctrico de la nación.

La mayoría de ministros del máximo tribunal llegaron a la conclusión de que esta disposición, contenida en la segunda parte del artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión, es violatoria de diversas garantías previstas en la Constitución.

Con esta decisión la SCJN invalidó uno de los puntos más importantes que fueron impugnados en el juicio de las leyes de medios por 47 senadores de la anterior legislatura.

Los ex senadores del PAN Javier Corral, y del PRI Manuel Bartlett y Dulce María Sauri, quienes promovieron el juicio y estuvieron presentes en la sesión de la Corte, se congratularon con la decisión de la Corte porque, dijeron, sienta las bases para comenzar a desarticular los privilegios indebidos que se les otorgaron, principalmente a las televisoras, con las leyes de medios.

La Corte evitó que los actuales dueños de las empresas de radio y televisión contaran con una concesión a perpetuidad, aseguraron los ex legisladores.

Con base en la decisión que adoptó el pleno de la Corte, por 8 votos contra 1, los actuales propietarios de empresas de radio y televisión tendrán que participar en un nuevo proceso de licitación cuando termine el periodo para el cual se les concesionó el espectro radio eléctrico propiedad de la nación.

Esta medida, aseguraron los ministros, garantizará que los actuales concesionarios tengan que pagarle al estado nuevamente si les refrenda la concesión, algo de lo que se les pretendía librar con la parte del artículo que fue anulado.

El único punto del artículo 16 de la Ley Federal de Radio y Televisión que se mantuvo vigente es el que les otorga a los actuales concesionarios el derecho a que el gobierno les de preferencia sobre otros particulares que compitan en la licitación por la concesión del espacio radioeléctrico en disputa.

Aunque esto no les garantiza que se vayan a quedar con la concesión que tienen, porque existe la posibilidad de que ésta se le pueda otorgar a alguien más si existe una mejor propuesta.

La mayoría de ministros del Pleno se pronunció por declarar inconstitucional este punto que le otorga una preferencia futura a los actuales concesionarios sobre los demás, contenido en la primera parte del artículo 16 de la Ley, pero no lograron reunir los 8 votos que se requerían para anular dicha disposición.

De los nueve ministros que actualmente integran la sesión, seis se pronunciaron por declarar inconstitucional la primera parte del artículo 16 de la Ley en cuestión, contra 3 que apoyaron esta medida.

Y al final la minoría fue la que se impuso en este tema, porque impidió que se reunieran los ocho votos que se requerían para hacer una declaración de inconstitucionalidad.

Los ministros de la SCJN dejaron pendiente, para la próxima semana decidir si es constitucional o no que la Ley establezca que las concesiones se otorguen por un periodo de 20 años.

El Pleno de la Corte también decidirá en las próximas sesiones si el mecanismo que se estableció para que las licitaciones de las concesiones de radio y televisión se realicen mediante subasta viola o no la Constitución.

Para avanzar más rápido en la resolución del juicio de las leyes de medios, el cual inició desde hace dos semanas, los ministros de la Corte acordaron que a partir de la próxima semana sesionarán los cinco días de la semana, en un horario ampliado de 10:00 a 15:00 horas.

Las sesiones podrán seguir siendo vistas en vivo a través del Canal Judicial y del portal de internet de la Corte.

Una buena noticia en este mar de malas nuevas desde que entró el espurio; aunque lo mejor sería que le bajaran el tiempo a 10 años a los concesionarios, pero eso lo veremos la semana que entra.

Para que no se sientan dueños del país los televisos y los aztecos.