100% de acuerdo con José Antonio Crespo

Escribe hoy en el excelsior José Antonio este artículo..

Horizonte político
José A. Crespo
El “no voto”: ¿esfuerzo inútil?

En el número de abril de la revista Nexos se hace una reflexión plural sobre si conviene votar o no en las actuales circunstancias. Una de esas reflexiones la hace José Woldenberg (Gesto inútil), a quien mucho aprecio y respeto. En lo que hace a la discusión sobre las razones de votar o no votar en estas elecciones o, más aún, como él mismo lo pone, si tiene sentido abstenerse, mi postura es que, a partir del comportamiento de todos los partidos en los últimos años, se puede concluir que no hay diferencia sustancial entre ellos. Y que los ciudadanos que así lo sientan (no sabemos cuántos son) pueden expresar ese rechazo y ejercer una presión sobre los partidos anulando el voto (aunque muchos, al parecer, no quieren ni siquiera concurrir a la urna). La postura de Woldenberg es que esa estrategia no tiene mayor sentido. Recuerda el ex presidente del IFE que en los últimos años pasamos “de un partido hegemónico a otro pluripartidista“, y de una política “monocolor a otra donde el pluralismo se reproduce en las instituciones de Estado”. Es cierto, pero algunos pensamos que los partidos se repartieron el poder que antes detentaba el PRI, sin compartirlo a su vez con sus respectivos representados, para lo cual no se les ven muchas ganas (ahí está todavía esperando, por ejemplo, la reelección consecutiva de legisladores y munícipes, como mecanismo esencial de la democracia representativa).

Afirma también Woldenberg que “la abstención tiene sentido cuando alguna fuerza política fundamental en un país es excluida de la contienda”, lo cual quedó superado ya. Cierto, pero ahora la exclusión se hace con los presuntos representados de los partidos o al menos muchos así lo sentimos. Por lo cual, la pregunta sería si el “no voto” de esos ciudadanos que no nos sentimos debidamente representados ni partícipes de las decisiones (así sea indirectamente), más allá del voto, puede contribuir estratégicamente a superar en medida importante dicha marginación. Woldenberg recuerda que el voto nos llevó a un mayor pluralismo político. Cierto, pero, paradójicamente, en las actuales circunstancias, el voto podría fortalecer el arreglo partidocrático y oligárquico que muchos percibimos y del cual nos quejamos. En cambio, el “no voto”, si es suficientemente amplio, podría llamar la atención partidocrática para que se dé el siguiente paso a la apertura y la inclusión política, en este caso, no de la oposición, sino justamente de los ciudadanos.

Finalmente, Woldenberg advierte que un fuerte abstencionismo, más que ser un instrumento adecuado para avanzar en la democratización (en la relación entre partidos y ciudadanos), puede provocar un retroceso, echar abajo lo que hemos logrado en muchos años: “¿Queremos desfondar lo poco o mucho que hemos construido hasta ahora?”. Ante esa advertencia, que es perfectamente atendible, haría yo dos apuntes: a) Es cierto que un abstencionismo total, por definición, provocaría un colapso de la democracia en vigor. Simplemente no podría instalarse la Cámara baja y se crearía una crisis política y constitucional. No es eso lo que se busca (aunque no podría asegurar que algunos no pretendan eso). El cálculo es que hay un buen número de ciudadanos que sí tienen una preferencia partidista o están dispuestos todavía a votar por el “mal menor” (las encuestas calculan entre 30 y 40 %), por lo cual, aun con una elevada abstención, no habría colapso. b) Me parece menos riesgoso institucionalmente, en lugar de abstenerse, presentarse a la urna y anular el voto, con el fin de reproducir en lo posible lo que en muchas democracias se conoce como “voto en blanco”, para lo cual existe ahí un recuadro específico en la boleta. Se estaría emitiendo un “voto de castigo” a todos los partidos, sin rechazar de plano a todas las instituciones. Es cierto que, de alcanzar la anulación y la abstención juntas, igualmente ciento por ciento, la temida crisis ocurriría (como lo pinta José Saramago en su Ensayo sobre la lucidez). Pero el cálculo es, como se dijo, que muchos ciudadanos votarán por algún partido, para evitar así el colapso. Si la abstención, junto con el voto nulo, son excepcionales, pero no totales, no habrá colapso, mas los partidos recibirán el mensaje del amplio malestar (en el lenguaje que sólo parecen entender) y, quizá, actúen en consecuencia (haciendo reformas que permitan compartir en medida suficiente su poder con los ciudadanos, reduciendo también sus insultantes privilegios, llamando a cuentas a sus infractores, etcétera). No se trata tampoco de prescindir de los partidos (“que se vayan todos”), sino de mejorar la representación. En todo caso, la probabilidad de que eso ocurra es mayor con un amplio “no voto” que con una abundante votación, que no generaría en sí misma ningún incentivo para la corrección o la reforma. Probablemente al contrario, sería un elemento de inercia, al considerarse como apoyo y aval a su camino y comportamiento actuales. Infortunadamente, los cambios (al menos en México) suelen darse, no antes, sino en medio o después de una crisis (y a veces ni así), que en este caso sería una de representación política.

Muestrario. Una encuesta telefónica publicada la semana pasada por Reforma (4/IV/09), reporta que, a propósito de la campaña negativa del PAN contra el PRI, 29% le cree al primero y 40% al segundo. De lo cual podría inferirse que dicha campaña no afectaría al PRI, lo cual se podrá aclarar en futuras encuestas. El sondeo sugiere también que sólo 12% considera interesantes las campañas, 46% no les presta atención y 37% ya se está hartando de ellas. Igualmente, 62% percibe más ataques que propuestas en la publicidad política. Y 56% considera que el proceso no está siendo democrático, frente a 32% que sí lo ve como tal.

Algunos pensamos que los partidos se repartieron el poder que antes detentaba el PRI, sin compartirlo a su vez con sus respectivos representados.

Y la verdad concuerdo con el.. hay que salir a votar pero para anular el voto.....

La historia se repite y se repite..

Hoy Miercoles 14 de Enero escribe José Antonio Crespo en el Excelsior y puntualiza el hecho de que muchos de las actitudes y los hechos de la elección de 1988 se repitieron en la del 2006 con otros actores y un escenario un poquito diferente pero a final de cuenta el resultado fue el mismo, en el mejor de los casos hay fuertes sospechas de fraudes... en ambas elecciones.

Horizonte político
José A. Crespo
1988: nuevos aportes históricos

La reconstrucción histórica de un hecho jamás termina, para molestia de quienes agravian, que quisieran que su agravio se olvidara al día siguiente de provocarlo. Pero los historiadores nunca paran. La elección de 1988 podrá ser un capítulo políticamente cerrado, pero históricamente seguirá abierto. Martha Anaya hace una nueva aportación a esa empresa, a partir de los testimonios de algunos de los protagonistas clave (1988: El año que calló el sistema. 2008). Y, a la luz de esos hechos, es más fácil comprender eventos recientes, como los comicios de 2006. Por ejemplo, Anaya recuerda un mitin convocado por el candidato de la oposición tres días después de las elecciones. La multitud proclama el triunfo de su abanderado, y reclamaba fraude electoral. Se oían proclamas como “Mientes, pelón, perdiste la elección” y “Repudio total, al fraude electoral”. Proclamaban “presidente” a su candidato, quien se dirigía a sus partidarios afirmando: “El PRI-Gobierno perdió las elecciones”, y advirtiendo además que impondría una sanción política a los “espurios”. El candidato culminó su arenga ofreciendo: “Aquí líder no les va a faltar; llegaré hasta donde ustedes quieran”. Acusó por delito electoral a José Newman, entonces director del Registro Federal de Electores, y exigía la anulación de los comicios. No, no se trata de Cuauhtémoc Cárdenas, sino de Manuel J. Clouthier.

Los panistas critican hoy aquello en lo que incurrieron en 1988. Manuel Camacho advirtió al coordinador de la campaña panista, José Luis Salas Cacho (y a Porfirio Muñoz Ledo), sobre los riesgos de las movilizaciones callejeras, a lo que el panista respondió que “no podemos dejar de convocar a la gente porque está muy enojada, y si no le dejamos manifestar ese enojo, se irá por otro lado; más vale salir a la calle y expresar las cosas”. Lo mismo que argumentó Andrés López Obrador en 2006. En 1988, el PAN —al igual que los partidos de izquierda— exigía que se corrigieran las anomalías por encima de los límites impuestos por la formalidad jurídica. Pero De la Madrid ordenó a Manuel Bartlett limitar el recuento de votos “al mínimo posible”, pues “no quería más sorpresas” Algo parecido a lo que sucedió con Felipe Calderón, cuando reculó en su postura en favor de la apertura de paquetes electorales por el temor de que las irregularidades que ahí se encontraran obligaran a anular la elección (inconsistencias que de cualquier manera quedaron consignadas en las actas). Por cierto, Salinas de Gortari afirmó hace poco que los paquetes fueron abiertos y recontados (12/enero/09). No sucedió así, además de que 40% de las actas desaparecieron para reaparecer seis años después, al ser depositadas en el Archivo General de la Nación (previa quema de los paquetes electorales, en 1991). Es evidente que tales actas no son confiables en absoluto.

De la Madrid afirma hoy que la visión imperante del fraude de 1988 es algo “penoso, pero hubiera sido peor perder” (es el “haiga sido como haiga sido” de ese entonces). Y agrega: “El PRD está mal, no hay que dejarlo llegar… hice bien en no dejarlos llegar”; había que pararlos por las buenas, las malas o, como sea, según decían los foxistas. En suma, los políticos y los partidos se comportan de manera semejante ante circunstancias similares: cuando están en la oposición, son promotores de la democracia; desde el poder, son reacios a la democracia o francos claudicantes. Muchos de los actores oficialistas de 1988 implícitamente reconocen, hoy, no que haya ganado Cárdenas, pero sí que hubo fraude. Newman afirma que las cifras oficiales “no representan la realidad” y dice no saber con certeza quién ganó. Guillermo Jiménez Morales, entonces coordinador de la bancada priista, admite: “Fue una elección muy competida que a nivel nacional se ganó con uno o dos céntimos en cada uno de los 300 distritos”. Emilio Gamboa, que era secretario particular de De la Madrid, acepta: “Fue un triunfo (de Carlos Salinas) muy complicado, muy cerrado”. El propio Salinas reconoce: “Casi ninguno estaba acostumbrado a una competencia electoral tan cerrada”. Y De la Madrid admite: “Fueron unas elecciones muy reñidas que arrojaron sorpresivamente una votación muy cerrada”. ¿Elección cerrada con casi 20 puntos de diferencia entre primero y segundo lugares? ¿Cómo se abrió esa brecha en las cifras oficiales? La única respuesta plausible es… mediante el fraude. Otros actores centrales no niegan el fraude, pero lo ubican fuera de su responsabilidad. Óscar de Lassé, entonces director de Información Política Electoral de Gobernación, afirma: “De que hubo fraude, lo hubo”, pero responsabiliza de ello a los funcionarios de casillas y a los gobernadores. Bartlett acepta la posibilidad de la defraudación, pero apunta al Colegio Electoral: “Ahí se consumó todo”. A De la Madrid lo traiciona el subconsciente cuando afirma que la presencia de los candidatos de oposición en Gobernación, aquel 6 de julio, le generó preocupación, “porque habíamos perdido”.

Si el PAN hubiera respaldado las pretensiones de los neocardenistas se hubiera anulado la elección. Pero prefirió negociar con Salinas y sacar raja de una elección que de cualquier manera no habían ganado. Quien más ofreció resistencia a ello fue Clouthier. En 2006, el PRI actuó de igual manera. De haber cuestionado la elección, ésta se hubiera anulado, pero el tricolor prefirió negociar con Calderón. Sin embargo, algunos distinguidos priistas dicen en corto que en 2006 sí hubo fraude, pero no lo proclamaron o ventilaron públicamente por disciplina de partido y razones estratégicas. Por cierto, el panista Salas Cacho, quien también coadyuvó a la campaña financiera de Calderón, considera que la de 1988 fue una elección “cerrada, dividida, que cualquiera hubiera podido ganar… así como la de este 2006”. En ello coincido plenamente con Salas Cacho.

Razones por las cuales el PRI ganará en el 2012

Es un hecho el PAN en estos 8 años ha hecho un mal gobierno, el PRD... ¿existe? así que todo hace indicar que el PRI va a ganar el 2009 el congreso -quizá hasta tengan mayoría- y la presidencia en el 2012... José Antonio Crespo en su editorial de hoy jueves 4 lo explica de manerá sencilla:

Horizonte político
José A. Crespo
Legitimidad, voluntad y oficio políticos

El marco ideal para que un jefe de gobierno pueda concretar los cambios que, de acuerdo con su oferta política, requiere el país, consiste en reunir el mayor monto posible de legitimidad, voluntad y oficio políticos. En la medida en que uno o más ingredientes de esa fórmula falten o escaseen, la capacidad de gobernar se verá limitada y, en el extremo, anulada. Ese parece el balance político de los ocho años de gobiernos panistas en México. Vicente Fox llegó con la mayor legitimidad democrática de nuestra historia y generó un elevado monto de energía social y capital político. El PRI enfrentaba gran fragilidad, tras haber perdido la Presidencia, su columna vertebral. Lo que daba a Fox la oportunidad de concentrar el liderazgo nacional en su gobierno y su partido. Pero, pese a tan favorables condiciones, Fox no tuvo la voluntad de profundizar en la democracia. Optó mejor por intentar el avance de las reformas económicas en las que creía. Se puede debatir si en ese momento era más urgente privilegiar la economía sobre la política —creo lo segundo—, pero el dato objetivo es que a Fox se le dio el voto mayoritario para continuar con la democratización, apenas iniciada en los años previos. Ese era claramente el mandato ciudadano y de hecho Fox presentó la elección de 2000 como un plebiscito entre la continuidad autoritaria y el cambio democrático, que él (presuntamente) representaba. Muy pronto olvidó Fox su encomienda —la democracia— y pretendió en cambio consolidar el modelo económico heredado del PRI tecnocrático, por lo que requería el respaldo del tricolor en el Congreso. Por ello, lo primero que hizo fue fortalecer al golpeado priismo extendiéndole una amplia carta de impunidad. Con lo cual relegó —hasta nuevo aviso— la posibilidad de fortalecer la democracia. Pero Fox tampoco tuvo el oficio político para valorar y negociar con el PRI, por lo que éste no le cumplió. Lo que tuvimos al final no fue ni reforma económica ni avance democrático, sino un enorme vacío de poder y una oportunidad histórica —de las que no se dan en maceta— tirada al caño.

Con Felipe Calderón se dijo que las cosas podrían ser distintas, pues se trataba de un político de larga trayectoria, un panista de pura cepa y no un advenedizo como Fox (así fue siempre visto por el panismo tradicional). Con Calderón la oferta electoral sí fue claramente económica: la opción en 2006 se presentó como la buena continuidad económica y el riesgoso viraje populista (aunque la crisis internacional ya le cambió la jugada a Felipe). Lo que implicaba que, de ganar, Calderón intentaría profundizar la reforma económica que Fox no pudo empujar, relegando nuevamente para mejores tiempos el compromiso histórico del PAN con la democracia (que el blanquiazul ya guardó en el arcón de los recuerdos). Para ello era necesario contar una vez más con el PRI, sin el cual, para empezar, ni siquiera hubiera podido asumir Calderón como titular del Ejecutivo. Por tanto, era menester continuar con la política de impunidad hacia el PRI, muestra clara de lo cual fue la distancia entre el Calderón que exigió la renuncia de Mario Marín y el Calderón que apuntaló al abusivo gobernador de Puebla.

Calderón llegó sin la legitimidad electoral necesaria para gobernar con eficacia, si bien parece tener la voluntad de hacerlo. Ahí está un buen número de iniciativas de reforma de buen calado que ha enviado o respaldado. Cosa distinta es que algunas de ellas hayan sido diluidas en el camino, al grado de quedar irreconocibles. Es el caso de la reforma petrolera, lo que en buena parte se explica por no contar con la legitimidad necesaria para una reforma de tal magnitud: con un país polarizado y un triunfo electoral cuestionado por la mitad de los ciudadanos, difícilmente podría llevar a buen puerto una reforma tan controvertida. Desde luego, la legitimidad no ganada en las urnas puede ser compensada por un buen desempeño gubernamental. Calderón podría hacerlo, por ejemplo, llamando a cuentas a uno o varios peces gordos de la corrupción (como lo hizo Carlos Salinas de Gortari). Y ante la inconveniencia política de tocar al PRI, ahí está la familia de Martha Sahagún, a la que con gran probabilidad podrían demostrársele varios ilícitos. La ganancia política de semejante decisión sería enorme, y su costo prácticamente nulo. A menos, claro, que alguna poderosa razón impida a Calderón abrir el expediente de la familia política de Fox.

Y en cuanto al oficio político de Calderón, aunque se esperaba mucho de él, tampoco lo ha mostrado plenamente hasta ahora (por lo que empezamos a sospechar que esa deficiencia no era rasgo exclusivo del foxismo, sino del PAN en general). Eso se ha visto, sobre todo, en la guerra declarada contra el narcotráfico que, como el propio Felipe y varios de sus lugartenientes han reconocido, se inició precipitadamente sin saber a quiénes se enfrentaba, qué capacidad de respuesta tenían, qué tan infiltrados tenían a los cuerpos de seguridad gubernamentales. Es decir, al no tener un diagnóstico adecuado del problema (se pensó que era pulmonía y resultó ser cáncer), la estrategia elegida difícilmente podría ser eficaz. Pero la estrategia continuará intacta, nos dice Calderón, lo que equivale, tras haber diagnosticado finalmente un cáncer, a continuar la medicación para la aparente pulmonía. Y viene también el manejo de la crisis económica que, según algunos especialistas, apenas asoma. ¿Se tendrá el oficio necesario para aminorar su impacto? El caso es que, por falta de legitimidad, de voluntad o de oficio político (o una lamentable combinación de ello), los gobiernos del PAN están resultando un absoluto fiasco. Y los priistas se aprestan a tomar esa cada vez más difundida convicción como estandarte propagandístico de cara a 2009 y 2012. El terreno para ese escenario lo abonaron los panistas

Han sido tan los panistas que hacen que la población mexicana extraña al PRI... eso suena a pesadilla!!!

Carmen un poco tarde pero aqui la traigo

Carmen Aristegui F.
19 de Junio del 2008

Periôdico Reforma

Acta por acta

Una sociedad que busca democracia no puede darse el lujo de abandonarse al conformismo y renunciar a la verdad. El camino puede ser largo, fragmentado o sinuoso. Por eso cuando alguien hace esfuerzos para suministrar información, datos y elementos de juicio para conocer y comprender los asuntos que marcan a un país, no queda más que el agradecimiento, sobre todo si se trata de un trabajo minucioso, con rigor académico y esclarecedor de uno de los asuntos más relevantes que han sacudido a la sociedad mexicana como las elecciones presidenciales de hace dos años.

Me sumo a quienes ya han escrito sobre la importancia de la investigación hecha libro de José Antonio Crespo: 2006: hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana (Debate. Random House Mondadori. 2008). La investigación de José Antonio es un potente chorro de luz a una parte sustantiva del proceso electoral más confrontado de nuestra historia. Como buena realidad, es inabarcable en su totalidad pero, con el fragmento seleccionado para este examen, es suficiente para saber o ratificar hoy, con claridad, varias cosas.

Una fundamental: el papel de las autoridades electorales fue catastrófico. Con benevolencia se puede hablar de ineptitud y falta de miras. Con ganas de que alguien rinda cuentas del desastre se puede hablar de responsabilidades tan graves que merecerían ser sancionadas.

¿En México nadie juzga a jueces y autoridades cuando su acción u omisión causa daños mayúsculos a la población? La responsabilidad del Tribunal Electoral (TEPJF) es enorme en su condición de última instancia. Simple y llanamente no cumplieron con su tarea fundamental para dotar de certidumbre al resultado final de una elección, en este caso una que -como nunca- polarizó, enfrentó y dividió a los mexicanos en un proceso que no ha logrado revertirse. Dos años después, México sigue lamiéndose las heridas. Un país cuya población sigue dividida entre los que piensan que se registró un fraude generalizado, que le robó la elección a Andrés Manuel López Obrador; los que afirman que Felipe Calderón ganó con un estrecho margen de 0.5 por ciento, pero que obtuvo un mandato legal y legítimo, y los que piensan que, después de lo ocurrido, no se puede saber con certeza quién ganó la elección.

¿Tenía que haberse anulado la elección presidencial de 2006? Sí.

Con los argumentos que surgen a partir de este trabajo, no parece caber duda sobre ello. Anular una elección debe ser el último de los recursos pero, con lo mostrado por Crespo, queda claro que no se requería siquiera de una valoración subjetiva sobre los varios factores que contaminaron la contienda. Haciendo a un lado la irresponsable intervención de Fox, las campañas negras de unos y otros, los miles de spots en radio y televisión de origen desconocido, el dinero de empresas y empresarios que intervinieron ilegalmente en el proceso, por citar los elementos más conocidos y obvios que para muchos hubieran sido suficientes para invalidar el proceso. Con un solo elemento, Crespo demuestra que el tribunal estaba obligado a anular las elecciones por una razón fundamental que deriva de un ejercicio aritmético.

El tribunal fue omiso en un asunto crucial en el que la ley lo obliga para anular. Ante la enorme cantidad de inconsistencias que se presentaban en las actas de escrutinio y cómputo -entre 800 mil y 2 millones, según los rubros comparados- el tribunal sólo atinó a decir que la mayoría de los votos irregulares encontraba plena justificación y los que quedaban no llegaban a afectar el resultado final. Eso, hoy lo sabemos, no fue cierto. Los magistrados o mintieron o se equivocaron, que cada quien escoja. El mérito de Crespo radica en que, incrédulo del dicho del tribunal, decidió revisar por su cuenta las actas oficiales en el número suficiente (la mitad de los distritos del país) para demostrar que los diversos errores e inconsistencias superaban en número a la diferencia de votos que había entre Calderón y López Obrador. Entre uno y otro hubo 233 mil votos. En el estudio de Crespo se comprueba que el número de votos irregulares fue del orden de 300 mil. Esa única razón obligaba al tribunal a declarar nulas las elecciones.

Crespo va desgranando, sin pasiones partidistas ni estridencia alguna, los significados de su trabajo. La conclusión mayor es, sin duda, que los mexicanos podemos afirmar que la verdad jurídica no corresponde a cabalidad con lo que empieza a ser ya la verdad histórica de lo ocurrido en 2006.


José Antonio se vale de una cita de Marc Bloch para ilustrar uno de los principales propósitos de su investigación y libro. Ajustar la historia de la elección de 2006 a la definición de este especialista: "El verdadero progreso en el análisis histórico llegó el día en que la duda... se hizo examinadora... cuando las reglas objetivas fueron elaboradas paulatinamente y permitieron escoger entre la mentira y la verdad".

Crespo no sólo planteó las dudas sino que realizó el examen riguroso para conocer parte de la verdad de lo ocurrido en 2006.