Reputación: Arturo Chávez Chávez

Excelente artículo de Carmen Aristegui acerca de la designación de Arturo Chávez Chávez en la PGR y su ratificación el senado....

Reputación
Carmen Aristegui F.
25 Sep. 09

Increíble que la Presidencia haya propuesto al Senado como nuevo procurador general a un hombre con los antecedentes de Arturo Chávez Chávez, creados cuando fue procurador de Chihuahua. Todavía más increíble que la mayoría de los senadores haya, contra viento y marea, decidido ratificarlo ayer como el nuevo abogado de la nación. Con 75 votos a favor, 27 en contra y una abstención, Chávez Chávez logró sortear las impugnaciones más graves que haya recibido un funcionario en materia de procuración de justicia en los últimos años. Increíble. Verdaderamente increíble. Aun en un país como México, cuyo nivel de tolerancia a los excesos es, en sí mismo, otro exceso.

Por las peores razones, se ha puesto al frente de la PGR a alguien que, lejos de permitir la restitución del crédito perdido, ahondará el desprestigio casi crónico de la institución. Chávez Chávez no sólo no era el idóneo sino que ni siquiera era elegible. El artículo 102, apartado A, de nuestra Constitución establece los requisitos para poder ser procurador. Chávez Chávez cumple con casi todos pero no con el más importante. Es mexicano de nacimiento y lo acreditó. Tiene más de 35 años de edad y ahí está su acta que lo confirma. Su título de abogado indica que tiene más de 10 años de profesión y cumple con la norma. Es en el último de los requisitos en donde Chávez Chávez no cumple con la ley. Para ser procurador, se debe: "gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso". Cumple con la segunda parte de la exigencia, pero en la primera es claramente insuficiente. Si la reputación del ratificado está en entredicho, la de quien lo propuso y de quienes lo ratificaron ni se diga. La "reputación", dice el diccionario, es la opinión de los demás respecto a una persona en el aspecto moral o profesional. No puede tener buena reputación quien concita manifestaciones públicas como las que se han visto a las afueras del Senado. Madres y familiares de Chihuahua, ONG y ciudadanos recordaron, con su estrujante presencia, no sólo los horrores criminales cometidos en contra de mujeres que quedaron impunes, sino los horrores cometidos por autoridades ministeriales. Las expresiones de repudio, que fueron ignoradas brutalmente por los legisladores, serían suficientes para saber que Chávez Chávez no tiene una buena reputación. Pero no sólo es eso, ¿dónde quedaron las investigaciones técnicas realizadas por expertos nacionales y extranjeros sobre las tareas del hoy procurador? ¿Nadie leyó, como debería, el amplio informe y las recomendaciones -con nombres y apellidos, incluido el de Chávez Chávez- que formuló la CNDH en tiempos de Mireille Roccatti? ¿Nadie supo del escrupuloso "Informe de la Comisión de Expertos Internacionales de la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre la misión en Ciudad Juárez, Chihuahua" publicado en noviembre de 2003? El contenido de estos dos documentos es demoledor. Simple y llanamente hace trizas la reputación profesional del hombre ratificado. La ley no se cumplió y tenemos, antes de empezar, a un "pato cojo" de procurador.

¿Por qué o para qué quieren a un procurador así? Lo que acreditaron la CNDH y Naciones Unidas, sobre las violaciones, mutilaciones, asesinatos y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez, muestra lo que la doctora Roccatti llamó "faltas profesionales impresionantes". No siguieron los protocolos judiciales más elementales. Había casos sin expediente. Otros que sólo tenían la carátula. Desaparecieron evidencias. Entregaron a madres huesos que no eran de sus hijas. No se formularon acusaciones por secuestro. Por miedo o por omisión no se acusaba de asociación delictuosa, aun a sabiendas de que había grupos desapareciendo y matando mujeres. Los expertos de Naciones Unidas realizaron una revisión, absolutamente técnica, de 328 expedientes de feminicidios. Eran los casos abiertos de 1993 a 2003. Quien dirigió la misión, el doctor Edgardo Buscaglia, dijo esta semana que "...antes de 2001, las investigaciones eran un desastre" y que "...un caso como éste tendría que haber llevado a una investigación sobre la actuación de autoridades... En Europa, por ejemplo, llevaría, de inmediato, a la apertura de causas administrativas y hasta penales". Los expertos que vinieron quedaron sorprendidos de que, después de un informe de ese calibre, México no hizo nada. ¿Qué pensarán ahora que uno de los responsables de aquello es el nuevo procurador?

Carmen un poco tarde pero aqui la traigo

Carmen Aristegui F.
19 de Junio del 2008

Periôdico Reforma

Acta por acta

Una sociedad que busca democracia no puede darse el lujo de abandonarse al conformismo y renunciar a la verdad. El camino puede ser largo, fragmentado o sinuoso. Por eso cuando alguien hace esfuerzos para suministrar información, datos y elementos de juicio para conocer y comprender los asuntos que marcan a un país, no queda más que el agradecimiento, sobre todo si se trata de un trabajo minucioso, con rigor académico y esclarecedor de uno de los asuntos más relevantes que han sacudido a la sociedad mexicana como las elecciones presidenciales de hace dos años.

Me sumo a quienes ya han escrito sobre la importancia de la investigación hecha libro de José Antonio Crespo: 2006: hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana (Debate. Random House Mondadori. 2008). La investigación de José Antonio es un potente chorro de luz a una parte sustantiva del proceso electoral más confrontado de nuestra historia. Como buena realidad, es inabarcable en su totalidad pero, con el fragmento seleccionado para este examen, es suficiente para saber o ratificar hoy, con claridad, varias cosas.

Una fundamental: el papel de las autoridades electorales fue catastrófico. Con benevolencia se puede hablar de ineptitud y falta de miras. Con ganas de que alguien rinda cuentas del desastre se puede hablar de responsabilidades tan graves que merecerían ser sancionadas.

¿En México nadie juzga a jueces y autoridades cuando su acción u omisión causa daños mayúsculos a la población? La responsabilidad del Tribunal Electoral (TEPJF) es enorme en su condición de última instancia. Simple y llanamente no cumplieron con su tarea fundamental para dotar de certidumbre al resultado final de una elección, en este caso una que -como nunca- polarizó, enfrentó y dividió a los mexicanos en un proceso que no ha logrado revertirse. Dos años después, México sigue lamiéndose las heridas. Un país cuya población sigue dividida entre los que piensan que se registró un fraude generalizado, que le robó la elección a Andrés Manuel López Obrador; los que afirman que Felipe Calderón ganó con un estrecho margen de 0.5 por ciento, pero que obtuvo un mandato legal y legítimo, y los que piensan que, después de lo ocurrido, no se puede saber con certeza quién ganó la elección.

¿Tenía que haberse anulado la elección presidencial de 2006? Sí.

Con los argumentos que surgen a partir de este trabajo, no parece caber duda sobre ello. Anular una elección debe ser el último de los recursos pero, con lo mostrado por Crespo, queda claro que no se requería siquiera de una valoración subjetiva sobre los varios factores que contaminaron la contienda. Haciendo a un lado la irresponsable intervención de Fox, las campañas negras de unos y otros, los miles de spots en radio y televisión de origen desconocido, el dinero de empresas y empresarios que intervinieron ilegalmente en el proceso, por citar los elementos más conocidos y obvios que para muchos hubieran sido suficientes para invalidar el proceso. Con un solo elemento, Crespo demuestra que el tribunal estaba obligado a anular las elecciones por una razón fundamental que deriva de un ejercicio aritmético.

El tribunal fue omiso en un asunto crucial en el que la ley lo obliga para anular. Ante la enorme cantidad de inconsistencias que se presentaban en las actas de escrutinio y cómputo -entre 800 mil y 2 millones, según los rubros comparados- el tribunal sólo atinó a decir que la mayoría de los votos irregulares encontraba plena justificación y los que quedaban no llegaban a afectar el resultado final. Eso, hoy lo sabemos, no fue cierto. Los magistrados o mintieron o se equivocaron, que cada quien escoja. El mérito de Crespo radica en que, incrédulo del dicho del tribunal, decidió revisar por su cuenta las actas oficiales en el número suficiente (la mitad de los distritos del país) para demostrar que los diversos errores e inconsistencias superaban en número a la diferencia de votos que había entre Calderón y López Obrador. Entre uno y otro hubo 233 mil votos. En el estudio de Crespo se comprueba que el número de votos irregulares fue del orden de 300 mil. Esa única razón obligaba al tribunal a declarar nulas las elecciones.

Crespo va desgranando, sin pasiones partidistas ni estridencia alguna, los significados de su trabajo. La conclusión mayor es, sin duda, que los mexicanos podemos afirmar que la verdad jurídica no corresponde a cabalidad con lo que empieza a ser ya la verdad histórica de lo ocurrido en 2006.


José Antonio se vale de una cita de Marc Bloch para ilustrar uno de los principales propósitos de su investigación y libro. Ajustar la historia de la elección de 2006 a la definición de este especialista: "El verdadero progreso en el análisis histórico llegó el día en que la duda... se hizo examinadora... cuando las reglas objetivas fueron elaboradas paulatinamente y permitieron escoger entre la mentira y la verdad".

Crespo no sólo planteó las dudas sino que realizó el examen riguroso para conocer parte de la verdad de lo ocurrido en 2006.

El comentario de la querida Carmen Aristegui

Tomado del Reforma Privatizar

Carmen Aristegui F.
25 Abr. 08

¿Por qué el gobierno mexicano no dice, con todas sus letras, lo que se desprende con toda claridad de su iniciativa de reforma petrolera? ¿Por qué se intenta convencer a los mexicanos de que no se trata de una privatización? ¿Tan desprestigiada está la palabra que se pretende hacer creer que se trata de otra cosa? Pues sí, las experiencias privatizadoras en México y en América Latina de los últimos años han arrojado tales resultados y estuvieron tan marcadas por la corrupción que utilizar la palabra resulta imposible para sus promotores. Más aún si se trata de un tema fundamental y emblemático como el petróleo y, por supuesto, porque lo planteado en la reforma va en sentido contrario a la letra de la Constitución. La lectura a la iniciativa de reforma a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 permite ver -sin mayor complicación- que lo que hay ahí es lo que niega el gobierno "...los sectores social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transportación, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos... PEMEX podrá contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo... las personas que pretendan realizar las actividades o prestar los servicios (anteriores) podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos". Eso es privatizar. Punto. ¿Por qué el gobierno evita la palabra? No sólo porque la polarización heredada del 2006, y reeditada ahora, hace casi imposible un debate técnico-ideológico que permita contrastar virtudes y defectos de la participación privada nacional y extranjera en la industria del petróleo. No hay cauces a la vista en los que se puedan exponer los argumentos de quienes creen que debe ser estrictamente en el ámbito público en donde se desarrolle la industria, que se contrasten con los de quienes piensan que entre menos presencia del Estado, mejor para la economía. Ese debate no se puede dar en abstracto si no viene acompañado de una revisión profunda de los efectos causados por las privatizaciones de los últimos años. Discutir conceptualmente sobre el liberalismo político y económico es una cosa, pero discutir sobre el liberalismo aplicado en sistemas disfuncionales, como ocurrió aquí, es enteramente otra. Se puede alegar que hubo mejoría en la prestación de algunos servicios y que se amplió el espectro para la distribución y comercialización de muchos bienes. Que se dinamizaron las economías con el libre comercio, desregulaciones y nuevos parámetros de competencia. Sin embargo, los efectos dañinos que trajeron consigo los procesos de apertura en países que no tenían resuelto todo el andamiaje legal, institucional y de transparencia han sido de tal magnitud que hoy no hay quien salga y diga, con todas sus letras: sí, privaticemos. Aunque, en los hechos, intenten hacerlo hoy con el petróleo. ¿Quién es el guapo que puede prometer que si se abre el petróleo no ocurrirá lo que nos ha ocurrido ya con bancos, telefonía o televisión? Los datos sobre las malformaciones, producto de aquellas privatizaciones, están a la vista. Hace algunos sábados, un grupo de intelectuales, académicos y políticos de México y Estados Unidos, convocados por el ITAM y la Universidad de Berkeley, oían divertidos el cometario que hacía un estadounidense que acababa de escuchar la brillante disertación del doctor Sergio Aguayo sobre las privatizaciones en México. El hombre después de oír, asombrado, la exposición, bromeó diciendo: "Me queda claro que lo que quiero en la vida es ser banquero en México". Acababa de escuchar que en los años de Fox, las utilidades netas de los bancos crecieron en un 316 por ciento. Las de Banamex-Citibank crecieron 3 mil 362 por ciento y las ganancias de BBVA en México representaron el 29 por ciento de sus utilidades en el mundo durante 2007, mientras que Banamex aportó 50 por ciento de las de Citibank. El miércoles, Francisco Gil Díaz, ex secretario de Hacienda y actual presidente de Telefónica, puso el dedo en la llaga sobre Telmex, de Carlos Slim. No sólo sorprendió al citar al ex presidente Salinas, artífice y presunto beneficiario de esa privatización, quien habría dicho en Harvard: "No se puede privatizar un monopolio público para transformarlo en un monopolio privado, como es el caso de las telecomunicaciones. Me refiero concretamente a Telmex". Para Ripley. Gil Díaz fue más allá: "Se ha gestado un caso impecable de lo que los economistas califican como una captura regulatoria; se trata de una máquina gigantesca de capturar efectivo por diversos gobiernos. Una que obtiene flujos de miles de millones de dólares anuales a la que se le permite depredar a sus clientes, sean estos consumidores u otras empresas y le permite extender sus brazos y dominar otras áreas de actividad económica". No queda claro si Gil estaba sugiriendo que al hombre más rico del mundo le interesa, también, el giro petrolero. Por lo pronto, no se ven por ningún lado los mecanismos que garantizarían que la renta petrolera no quede en manos de unos cuantos. ¿La reforma tiene resuelta una buena redistribución social de los beneficios petroleros a partir de la apertura? ¿O Pemex sería otro Telmex, como rezan los cartoncitos de los manifestantes?

Exacto ella lo dice bien, el problema es que privatizar quizá no sea malo en sistemas funcionales.. pero en México... NO.. ya que no es para nada funcional...

Primer post del 2008 y sin Carmen Aristegui...

Regresando de unas vacaciones llenas de excesos y sintiendo sus consecuencias, (perdí algo de lo que gané con la dieta.. pero bueno está todo el 2008 para arreglar el problema), pos que me encuentro con la novedad de que Carmen Aristeguí ya no está en la radio, ya que según W Radio ya no era compatible con la política editorial de dicha emisora.

Ella es demasiada pieza para el periodismo en México, de las pocas que hablaron abiertamente de:

• La ley televisa (estando en ella misma)
• La violación y asesinato de Ernestina Ascencio la indigena anciana de la sierra de zongolica,
  
• Del encubrimiento de Norberto a un padre pederasta,
  
• Y regularmente aparecia Andrés Manuel Lopez Obrador con ella para expresar sus puntos de vista cuando casi todo los demás medios electronicos le han cerrado las puertas..

Por eso no me sorprende el hecho de que no esté más en W radio, siendo los dueños Televisa y Prisa el primero guardian del orden que le da sus privilegios, los segundos (teniendo al cuñado del Calderón en su nómina) pos tienen que quedar bien con Felipe Calderón para preservar y aumentar sus negocios en México..

Esto solo es una muestra de lo jodido que está este país con este usurpador... pero en fin hay gente que creer, adora y apoya este espejismo de democracia....

Al final W radio pierde todo, pierde radioescuchas, pero sobre todo credibilidad, que esa... es muy dificil de ganar...

Carmen por su mantiene lo más importante que una persona puede tener y sobre todo lo más importante dignidad que es algo que sobre todo los de su gremio han perdido en estos días...

Ahh y para terminar aqui reproduzco una carta abierta que redacta Pedro Miguel en el blog http://censurahoyporhoy.blogspot.com/ y aparece en la jornada hoy 7 de Enero..
a la cual de manera indirecta me adhiero..

CENSURA E INTOLERANCIA CONTRA CARMEN ARISTEGUI

Mientras con una mano los dueños de medios electrónicos se rasgan las vestiduras en supuesta defensa de la libertad de expresión –que no es otra cosa que el libertinaje de los negocios—, con la otra cierran el espacio en W Radio a la periodista Carmen Aristegui, una de las poquísimas voces independientes, críticas y ajenas al discurso oficialista y uniforme que impera en el cuadrante.

El argumento empresarial para este atropello a la verdadera libertad de expresión y, sobre todo, al derecho a la información de millones de ciudadanos, es que la labor de Aristegui “dejó de ser compatible con el modelo editorial” impulsado por Televisa y Grupo Prisa a través de esa radioemisora.

Hoy por hoy ha sido uno de los pocos espacios que ha insistido en temas de derechos humanos (como el caso Lydia Cacho, el encubrimiento de curas pederastas, el de Ernestina Ascensión, entre muchos otros) y la clausura de este programa adquiere el sentido de un anuncio ominoso por parte del grupo en el poder: no se tolerará más la existencia de voces independientes ni se permitirá el acceso ciudadano a los medios informativos. El ejercicio honesto y profesional del periodismo al servicio de la sociedad es una presencia incómoda para el grupo que se ha adueñado del país y que desea imponerse en ausencia de voces disidentes.

Por ello, los abajo firmantes manifestamos nuestra solidaridad fraternal a Carmen Aristegui, repudiamos este grave atropello a su libertad de expresión y al derecho a la información de la ciudadanía y alertamos sobre el augurio de intolerancia, censura y represión que lleva implícito.

P.D. Carmen podrá seguir siendo vista en CNN de lunes a viernes a las 10 pm

Mas que de acuerdo con Carmen Aristegui

Carmen Aristegui F.
De lo que estaban hechos
Ayer se hizo historia. Terminó uno de los procesos de la vida pública mexicana más estimulantes y vigorosos de los últimos años. La Suprema Corte de Justicia resolvió la acción de inconstitucionalidad que presentó una minoría de senadores de la pasada legislatura -representados por Javier Corral y Manuel Bartlett- inconformes por la aprobación y promulgación de la Ley Federal de Radio y Televisión y la de Telecomunicaciones. El grupo de ex senadores, abogados y especialistas que intervinieron en la confección de esta acción, más los que contribuyeron bajo la figura de "Amigos de la Corte", realizaron un trabajo jurídico y político de tal alcance que contribuyeron a que lo ocurrido se vea no sólo como una victoria jurídica, sino fundamentalmente como una victoria moral. En no pocos círculos políticos, intelectuales y ciudadanos se respira un aire de euforia por el significado y alcance de esta sentencia. Los ministros sabían lo que se jugaba. No era un recurso cualquiera. Involucraba como nunca a los poderes formales y fácticos del país. Lo que ahí se decidiera iba a ahondar o aliviar un profundo sentimiento de agravio y atropello que se produjo en una parte de la sociedad que tuvo alcance al debate y discusión de este tema. No era únicamente resolver la correspondencia de la ley impugnada con la Carta Magna, era enmendar la plana a otro poder que -entrampado en un modelo de competencia política claramente inoperante- se permitió abandonar el interés general para no poner en riesgo el cargo por venir. Lo que ha ocurrido pone en evidencia cuán dañino puede ser un diseño de competencia electoral que además de prodigar cantidades escalofriantes de dinero público, convierte a candidatos y aspirantes en sujetos vulnerables. Ése debe ser hoy, después de lo ocurrido, el asunto de más urgente resolución. Una reforma electoral que resuelva de otra manera la necesidad de acceder a los medios de comunicación en tiempos electorales es un imperativo. Necesitamos partidos y candidatos en completa libertad de competencia, cuyos referentes únicos sean los del interés general. Necesitamos que las condiciones de competencia les garanticen acceso a los medios de una forma transparente y equitativa, eliminando todas las distorsiones que el actual modelo produce. Lo que los ministros hicieron es una sacudida para los legisladores de entonces y para los actuales, especialmente los que pasaron de una Cámara a otra y que hoy se encuentran en situación de corregirse a sí mismos. Lo que los ministros hicieron ha inyectado un ánimo esperanzador sobre los caminos institucionales como eje de una vida democrática. No es poca cosa. No en un país como el nuestro que ha visto tambalearse la credibilidad y el funcionamiento de su entramado institucional por todo tipo de abusos y claudicaciones. Los ministros se fajaron. No les temblaron las rodillas. Sufrieron algunas agresiones en la pantalla, aunque el extremo llegó con los promoventes Corral y Bartlett, que fueron objeto de inescrupulosas campañas que, lejos de representar un ejercicio crítico del periodismo, significaron vendetta e intimidación; los ministros, que aunque parecen de otro mundo, seguro también ven la televisión. Talvez ahí se inspiro aquello del ministro ponente: "no saben de lo que estamos hechos".

La controversia ha sido no sólo por el contenido -ahora declarado inconstitucional en lo sustantivo por la Corte- sino también por las condiciones en que fue aprobada y promulgada la ley. El tema ha estado ahí en voz de los críticos, pero no es sino hasta ahora que se escuchó a Santiago Creel decir con todas sus letras la palabra imposición. Se empiezan a contar detalles como los que narró César Raúl Ojeda sobre la experiencia en el PRD con los operadores de la ley. Talvez esta nueva circunstancia que produce la Corte -tanto por la sentencia como por el tipo de debate que dio y los ánimos que despertó en muchos- invite a algunos que cruzaron el trance a contar en público lo que reconocen en privado. Como sea, todo está por venir. Lo que hizo la Corte extirpa partes sustantivas de la legislación vigente. Quedan lagunas jurídicas que tendrán que resolver el Presidente y los legisladores. Vendrá una nueva batalla que volverá a involucrar a todos los poderes. Se debe aprender la lección. Las elecciones del 2009 están ahí. Antes que volver a legislar sobre medios y telecomunicaciones, lo urgente es una reforma electoral. Aquella que garantice a partidos y candidatos acceso a medios de comunicación libres de condicionantes. No nos puede pasar lo mismo. Varios plantean la prohibición de compra de espacios en medios como una solución radical. Con esto se evitaría el sometimiento de candidatos y legisladores en tiempos de campaña, se detendría el gasto inmenso de dinero público y de paso se evitarían situaciones como la del escándalo no resuelto que arrojó el monitoreo de IBOPE sobre los spots del 2006 que deja todo tipo de interrogantes en el ambiente. Puede ser ésa u otra la reforma necesaria, pero tiene que ser ya. La oportunidad es de oro. Los ministros pusieron la medida.

La pregunta es..... los legisladores harán lo que deben hacer o privilegiaran al duopolio.

Update 3 de la señora "presuntamente" violada en Veracruz

Aqui 2 videos del programa del 29 de marzo de Carmen Aristegui en CNN donde está Miguel Angel Granados Chapa