El nuevo gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, ha logrado hacer de Ramírez Acuña, el gobernador saliente, un hombre democrático, plural y tolerante. Los recuerdos de la administración de talante autoritario del ahora secretario de gobernación, quedarán como rasgos nostálgicos y suavizados, pues habrán de compararse con las acciones del nuevo gabinete en el que destaca la militancia ultraconservadora y confesional. Preocupa en particular, el otorgamiento del manejo político a Fernando Guzmán Pérez Peláez, ex dirigente nacional del DHIAC y hombre de confianzas del Cardenal Juan Sandoval Iñiguez. Un abogado proveniente de organismos parareligiosos, que saltó a la política a partir de las movilizaciones e iniciativas organizadas para protestar por la muerte del cardenal Posadas Ocampo a manos de narcotraficantes en 1994. Fernando Guzmán hizo una carrera política como diputado federal y local, sobre el simple expediente de canalizar la agenda del clero conservador en los ámbitos de la administración pública. Hoy ocupará la segunda posición en Jalisco, como secretario general de gobierno. Su papel se ve fortalecido con la presencia en el gabinete estatal de otro conspicuo miembro del Yunque, Herbert Taylor.
Emilio González Márquez es el tercer gobernador panista consecutivo de Jalisco. Esperemos que no sea un indicativo de lo que el espera al país. Y no lo digo porque sean panistas (tampoco es que los priistas fueran mejores). El problema es que a medida en que han encadenado varios sexenios, se han vuelto “químicamente puros”. Panistas cada vez más conservadores y gabinetes crecientemente unánimes. El nuevo gobernador se ufana de que su gabinete de 23 miembros está integrado exclusivamente por militantes del PAN. Una actitud a contrapelo de la tendencia en las democracias occidentales, en las que los dirigentes anuncian gobiernos incluyentes y convocatorias a ciudadanos distinguidos no militantes. González Márquez ganó apenas con 43 por ciento de los votos, es decir, la mayoría ni siquiera a su favor. Pero luego de tres sexenios panistas, opera como si el botín de la administración fuera suyo, y de los suyos.
En lo personal considero que hay buenos y malos gobiernos independientemente del partido de que se trate. Incluso se ha da el caso de gobernadores y presidentes municipales priistas que resultaron excelentes funcionarios. Y, por supuesto, también abundan panistas y perredistas que han resultado tan ineptos y corruptos como sus peores colegas del PRI. Por lo mismo, lo que preocupa no es que sean panistas, sino que pertenezcan a una corriente de ultraderecha que puede hacerle mucho daño al país, empezando por su propio partido.
El problema con los grupos radicales, sean de derecha o de izquierda, es que anteponen los intereses y valores de su “tribu” por encima de los intereses de todos. Consideran que los fines últimos son de orden superior a los medios para conseguirlo. Los códigos morales, sea que emanen de la Iglesia o de los manuales de la lucha de clases, adquieren preeminencia sobre los consensos construidos entre todos. De la misma forma que la izquierda radical asume que el imperativo de la justicia social y la lucha contra la desigualdad es una coartada para operar en contra del entramado legal, la ultraderecha considera que sus imperativos morales y las necesidades del clero son más relevantes que el respeto a las minorías. En los noventas un presidente municipal de Zapopan fue destituido cuando compró a su compadre las patrullas cuya adquisición debió de haber licitado por concurso. El panista se defendió argumentando que la normatividad se aplicaba en caso de los funcionarios de antes, pero no para él, que era un empresario exitoso y un cristiano devoto que no robaba, y por consiguiente estaba en libertad de comprar donde le dieran el mejor precio. Una opinión sincera y “bien intencionada” típica del panista conservador que se considera mejor o por encima de la ley.
Curiosamente, cuando un grupo político, sea de izquierda o de derecha, actúa en nombre de una moral que aduce causas superiores, invariablemente termina corrompiendo su moral. Al final, “la causa” termina siendo más importante que las conductas. El Yunque, que opera bajo el lema “instaurar el reino de Cristo Rey en la tierra”, no tiene ningún empacho en violentar concursos de oposición y saltarse normatividades para instalar a uno más de los suyos. Manuel Espino, presidente del PAN, paladín de la doctrina cristina y las buenas costumbres, fue el artífice para negociar con el “gober precioso”, Mario Marín, el apoyo del gobierno federal a cambio del voto panista en Puebla. Carlos Abascal, quien promovió el despido de una maestra que sugirió una lectura “pecaminosa” de un libro de Carlos Fuentes, no tuvo objeción en acudir en ayuda de Marín, el gobernador que violentó la ley para proteger a pederastas. La historia muestra que no es muy distinta la calidad moral de las dictaduras instauradas en nombre del proletariado.
El asunto de fondo no es de cuál bando sea la ideología en cuestión, sino el fundamentalismo que las inspira. No se trata del signo, sino del extremo en el que se encuentran. Cuando un grupo de individuos considera que debe imponer sus valores a otros, cuando asume que los que piensan distinto no son diferentes sino que están equivocados, o que cree que lo que dice su Ayatola es más importante que la letra de la Constitución, es un grupo que se convierte en un peligro cuando detenta el poder. Suelen terminar invadiendo a Irak en nombre la democracia o protegiendo pederastas sólo porque portan sotanas. O como decía un prominente empresario y político de Jalisco: “entre la verdad y mi obispo, me quedo con mi obispo”. Esta ultraderecha gobierna en Guanajuato, Jalisco y Aguascalientes, además de la cúpula nacional del PAN. El verdadero peligro para México está llegando por un frente inesperado.
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